La piratería jugará de local en el Mundial 2026 en México

México se prepara para recibir el Mundial 2026 con estadios renovados… y con un mercado de productos pirata listo para aprovechar el evento. Las cifras muestran que la piratería impacta prácticamente a todos los sectores del país y que opera de manera cada vez más sofisticada. Para muchos aficionados, este fenómeno no representa un delito serio y están dispuestos a adquirir mercancía no oficial relacionada con la justa mundialista.

El Sondeo Piratería 2025, realizado por Clarke Modet y la Amcham, revela que este problema afecta transversalmente a la economía mexicana. Un dato relevante es que 68% de las compañías ha identificado piratería en al menos dos de sus líneas de productos, y 9% en todas las categorías que manejan.

En el ámbito futbolístico, esto implica que desde camisetas y balones hasta artículos coleccionables y dispositivos electrónicos estarán vulnerables justo cuando la demanda aumente por el Mundial. De acuerdo con una encuesta de Mitofsky, casi una quinta parte de los aficionados planea comprar playeras no oficiales durante el torneo, motivados por precios que pueden ser hasta 50% inferiores a los de los productos originales.

Las tres sedes de México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— se ubican en los estados donde las empresas reportan mayor incidencia de piratería, según el Sondeo 2025. La CDMX, Jalisco y el Estado de México presentan los niveles más altos, especialmente en los sectores textil y de calzado, que son de los más afectados. Esto anticipa que el problema será aún más visible durante los 13 partidos que se disputarán en territorio mexicano en 2026.

El costo y la falta de información resultan factores clave para los consumidores, señaló Pedro Casas Alatriste, director general de la American Chamber of Commerce of Mexico. “Encontramos que en el 46% de los casos, los productos pirata se ofrecen entre 50% y 70% más baratos que los originales”, comentó. Además, 80% de los encuestados no considera la piratería como un delito grave y “siete de cada diez personas no pueden distinguir entre un producto auténtico y uno falsificado”.